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Ante la penalización del cliente

La invisibilización de AMMAR como representantes del sector de las trabajadoras sexuales y conocedoras de la problemática.

La asociación AMMAR Córdoba, se pronuncia una vez más ante la invisibilización de su lucha y del sector al que pertenece. Las trabajadoras sexuales autónomas, nos vemos afectadas nuevamente por propuestas legislativas como las evaluadas actualmente en el Parlamento que buscan penalizar al cliente, y que no hacen otra cosa que exponernos a una mayor discriminación y clandestinidad, que no hacen otra cosa que favorecer a las redes de mafias de Trata de Personas. La criminalización del trabajo sexual, es en la actualidad la única respuesta que los órganos gubernamentales para luchar contra la explotación y esclavitud. Nuestra Organización lleva 13 años recorriendo las calles, y luchando seriamente contra la trata de personas y en favor de la dignidad del trabajo sexual independiente. En la actualidad contamos con más de mil afiliadas en la ciudad de Córdoba, nuestro trabajo es reconocido por agencias internacionales, pero a pesar de todo ello, el poder gubernamental nacional y provincial; nos sigue ignorando, no nos creen capaces de decidir por nuestro presente, de aportar soluciones y experiencias concretas, nuestra voluntad no vale, no hay respeto por nuestras decisiones, no hay oídos para escuchar nuestras propuestas. Evidentemente estas conductas de nuestros gobernantes en nada aportan a construir una verdadera democracia plural y participativa.-

El trabajo sexual no se encuentra tipificado en el Código penal, por lo cual no es un delito, quedando comprendido en el Art. 19 de la Constitución Nacional de nuestro país. Consideramos que la medida es de carácter prohibicionista, ya que al penalizar la demanda en algún sentido también se está penalizando la oferta. Al buscar y perseguir miles de clientes, el Estado, desvía el eje de la problemática y utiliza recursos económicos que deberían servir para combatir a los verdaderos responsables de este delito tan aberrante, como lo son proxenetas y jefes de estas mafias ¿En los miles de casos de mujeres rescatadas de la trata, cuántos proxenetas y explotadores tiene causas abiertas?.- Sin dudas el amplificar la persecución penal a los clientes, hará más difusa la verdadera pelea que debe darse en contra de un fenómeno complejo y que sin duda no podría darse sin la complicidad del poder político, policial y judicial.

Nos preguntamos ¿Cómo es que se logrará en los procesos judiciales y policiales distinguir o caracterizar el cliente de la trata? Penar al cliente significa mayor abuso policial, con un aumento exponencial de coimas y represión, expulsando a las trabajadoras sexuales a una situación de ilegalidad y violencia, que deben enfrentar en desamparo debido a la inexistencia de un marco de derechos, que ayude a mejorar las condiciones en las cuales desarrollan su labor.

Esta normativa perjudicaría el desarrollo de nuestro trabajo y la conformación de cooperativas de trabajadoras sexuales autónomas, desde muchas orbitas: disminuirá la cantidad de clientes, será de gran dificultad conseguir inmuebles en locación y aumentará su costo. De este modo quedamos sujetas a las mafias de proxenetas que por medio de “arreglos espurios” logran seguir con su negocio. El riesgo de arrojarnos a la marginalidad es que seremos más vulnerables a clientes y practicas peligrosas.

Nuestra actividad hace a nuestras acciones privadas protegidas por el art. 19 de la Constitución Nacional por ende se encuentran exentas de toda sanción penal. Los discursos Neoabolicionistas, poseen una doble moral que señala al trabajo sexual como causa y no como consecuencia. La mayoría de los proyectos presentados, no avanzan en otorgar derechos y condiciones dignas al sector de las trabajadoras sexuales que es parte de esta sociedad.

Como ya hemos mencionado se utilizan recursos del Estado y tiempos parlamentarios, en discutir y reglamentar delitos que se encuentran en la vida ciudadana hace mas de 80 años, y que han sufrido modificaciones recientes (Ejemplo Ley 25087 y la nueva Ley de Lucha contra la trata de personas 26842). Hay que destacar que el proxenetismo y la esclavitud son delitos que se encuentran sancionados hace 100 años, por legislaciones nacionales e internacionalesi. Se quiere arreglar con el código penal un conflicto social de larga data que no termina de encontrar un abordaje eficaz para ser combatido, que ya cuenta con leyes para ser abordado, pero que sin embargo las complicidad policial y judicial en la explotación sexual impiden avanzar.

Sin duda, estos nuevos proyectos, sólo apuntan a “aparentar” una preocupación sobre esta temática pero en definitiva solo logran diluir la poca efectividad de la legislación ya existente, generando más “perseguidos” con el objeto real de encubrir a los verdaderos responsables.-

Ninguno de estos proyectos ayuda a desbaratar el estigma que recae sobre las mujeres que ejercemos el trabajo sexual, seguiremos siendo apartadas, seguiremos siendo miradas como las “cómplices del delito”, las víctimas, las “enfermas”, las de vida fácil. El trabajo sexual autónomo, les da a las mujeres independencia económica de una manera legal, saliendo muchas veces de condiciones de vulnerabilidad e indigencia familiar, ante las que el Estado nada hace, mientras pierde tiempo y recursos persiguiendo a nuestros clientes. La pregunta es entonces ¿Cuáles son las medidas para asegurar un desarrollo y un sostenimiento de la mujer y su círculo familiar?

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