Categorías
Comunicados Difusión Noticias Sin categoría

Sobre la denegación de la personería de Ammar Córdoba

Entre idas y vueltas burocráticas, la asociación hace más de 3 años que persigue su reconocimiento como una institución que genera cambios y lucha por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos olvidados.

El pasado 17 de Febrero, las compañeras de AMMAR Córdoba recibíamos, y celebrábamos con mucha alegría, la resolución de la Jueza de 1ra Instancia, la Dra. Bertossi De Lorenzati, que ordenaba se le otorgue la personería jurídica a AMMAR, como una asociación civil oficialmente reconocida.

 

La decisión de dictó en base a un criterios fuertemente democráticos de acceso a la justicia que admitió el derecho de AMMAR Córdoba y de la Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (CLIP) a interponer una acción de amparo colectivo en representación del interés de las trabajadoras sexuales a organizarse. Sobre esa base, sancionó como discriminatoria y arbitraria a la resolución del Gobierno Provincial que en el año 2012 le  había negado la inscripción a AMMAR Córdoba.

 

En los primeros días de Abril, la sala 4 de la Cámara del Trabajo, en una interpretación de la ley de amparo “meramente ritual” (como lo describe la Camarista que disiente con el fallo de la mayoría)  declaró inadmisible la acción de amparo presentada por AMMAR Córdoba y la Clínica Jurídica de Interés Público, sin considerar la cuestión de fondo.

 

El argumento central de los dos camaristas Michis Henry Francisco y Pérez Mario Ricardo, que por mayoría impusieron esta decisión, se presentó como una mera cuestión formal. Dijeron que el amparo se presentó cuando “ya se habían vencido los plazos para la deducción del “amparo””. Se referían al plazo de 15 días, contados desde que el día que ocurrió el “acto lesivo”, y que la ley de amparo establece como plazo para presentar la demanda. Pero este no fue un argumento meramente formal, y es importante desnudarlo.

 

Sucede que para los camaristas, el “acto lesivo” desde que empieza a contarse el plazo, es el de la resolución administrativa Nº 593 que en el 2012 denegó la personería jurídica a AMMAR Córdoba. Con ello, rechazaron la interpretación que hizo la jueza de primera instancia, y también la camarista en minoría la Dra. Maine María del Carmen, respecto que “acto lesivo” es en realidad todo evento que causa un daño, una desventaja, o amenaza con causarlos, y que tiene como origen la Resolución del 2012. Esos daños se repiten todos los días, frente a cada desafío de la organización. Tal, por ejemplo, la imposibilidad de representar legalmente a trabajadoras cuando son amenazadas o damnificadas, la imposibilidad de gozar de los beneficios impositivos que se conceden a otras organizaciones, de tener una cuenta bancaria propia, o de presentarse a convocatorias para recibir donaciones para sus proyectos educativos por ejemplo.

 

Ahora bien, este no es un desacuerdo meramente formal. La interpretación de los Camaristas, acuerda con la intención original del legislador de la ley de amparo provincial y nacional: El General Juan Carlos Onganía, quien le impuso estos requisitos a la presentación del amparo, en nombre de las facultades establecidas en el “Estatuto de la Revolución Argentina”, en 1967.  Esta es, lamentablemente, la interpretación que todavía se enseña en muchas facultades de derecho argentinas, y que tiene una gran cantidad de adeptos en los tribunales cordobeses.

 

La interpretación minoritaria de las juezas la Dra. Bertossi De Lorenzati y la Dra. Maine María del Carmen este caso, en cambio, es la que prevalece en la jurisprudencia democrática de la última década, en la visión de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la que se adecua a un principio amplio de acceso a la justicia, según lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

De manera que la decisión de la Cámara no fue sólo una decisión basada en la cuestión formal de un plazo. Fue en verdad, una denegatoria de justicia, basada en una interpretación antidemocrática del derecho de acceso a la justicia.

 

En conjunto, tanto la apelación que realiza la Inspección de Personas Jurídicas a la decisión de la jueza Lorenzati, como la decisión de la mayoría de los Jueces de la Cámara Laboral, nos resulta un acto más de discriminación política, y desconocimiento de nuestra trayectoria como mujeres de cambio. AMMAR Córdoba es la única  herramienta que hemos encontrado para poder defendernos y también trabajar de forma colectiva, para mejorar la calidad de vida de todas las compañeras.

 

Existe una gran intencionalidad política de mezclar el ejercicio autónomo del trabajo sexual con la trata de personas sin una clara diferencia entre la explotación, esclavitud y el ejercicio en formas precarias, provocado por la inexistencia de un marco legal que nos ampare de derechos y garantías en nuestra profesión.

 

Cronología de los hechos:

 

2011: AMMAR comienza los trámites formales para la obtención de la personería jurídica, los cuales fueron corregidos paso a paso como indico la IPJ.

 

2012: La dirección de Inspección Jurídica, luego de que AMMAR cumplimente con todos los requerimientos administrativos que se le fueron solicitando a dicha Institución, denegó, a través de la Resolución 593 por según apreciación del mismo ente “No tener como fin el bienestar general o común”

 

2013: AMMAR presenta un Recurso de Reconsideración que la Dirección nuevamente rechaza. En diciembre de este mismo año, junto con la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (CLIP), presentan un Amparo Colectivo.

 

2014: En el mes de febrero la jueza Victoria Bertossi De Lorenzati, resuelve favorablemente hacia la petición de AMMAR Córdoba y la CLIP e intima a la Provincia para que en el término de cinco días le otorgue la Personería Jurídica.

– En el actual mes de abril, sala cuarta de la Cámara de Trabajo revocó la decisión de la Jueza y declaro inadmisible la acción de amparo que realizó AMMAR Córdoba y la CLIP.

AMMAR Córdoba junto con la Clínica jurídica de interés público presentaron un pronto despacho al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de la Dra. Graciela Chayep solicitando  se expida para poder agotar la vía administrativa y  así continuar la vía judicial.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *